El hecho denunciado en la querella ocurrió el día 20 de junio en momentos que el werken mapuche se trasladaba por el camino público que une Santa Luisa con el sector de Temucuicui. Según detalla el escrito, alrededor de las 12:00 horas y cuando transitaba por dicha ruta, Jorge Huenchullán sufrió un intento de atropello por parte del hijo del empresario René Urban. No sería el primer incidente de este tipo en la zona.
Por Pedro CAYUQUEO / Miércoles 27 de Junio de 2007
Dirigente mapuche interpuso en tribunales una querella criminal por "homicidio en grado frustrado" en contra de Héctor Urban Astete.
Comuneros de Temucuicui han denunciado en reiteradas oportunidades a miembros de la familia Urban por agresiones.
COLLIPULLI / A primera hora de ayer martes, Jorge Huenchullan Cayul, werken de la comunidad Temucuicui, en compañía del abogado del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Antonio Collados Sariego, interpuso en el Tribunal de Garantía de Collipulli una querella criminal por “homicidio en grado frustrado” en contra de Héctor Urban Astete, hijo del empresario agrícola René Urban de Ercilla. Acción judicial persigue llevar a juicio al agricultor por un supuesto atentado hoy investigado por el Fiscal Adjunto de Collipulli, Ricardo Traipe.
El hecho denunciado en la querella ocurrió el día 20 de junio en momentos que el werken de Temucuicui se trasladaba por un camino público del sector. “El día 20 de junio del año 2007, alrededor de las 12 horas, en el sector Santa Luisa, colindante con la Comunidad de Temucuicui y el Fundo Montenegro, en circunstancias que transitaba de a pie por el camino público, por el costado derecho del camino, sentí sorpresivamente que se acercaba a mi por la espalda un vehículo a alta velocidad”, señala el dirigente en el escrito.
“Al voltear veo una camioneta blanca marca Toyota conducida por don Héctor Urban Astete, quien me tiró el vehículo encima intentando matarme, ante lo cuál me lancé hacia unas murras y un cerco a mano derecha, quedando tumbado con lesiones y perdida de conciencia. La camioneta se ronceó un poco y retomó su circulación, dándose a la fuga. El querellado, a quien ubico perfectamente de vista por ser vecino, conducía en compañía de un funcionario de carabineros”, subraya Huenchullán.
“Minutos después -agrega en la acción legal- fui socorrido por don Ramón Tori, quien pasó por el lugar en su carreta de bueyes. En su afán criminal, el hechor puso todo de su parte para consumar el homicidio en mi contra, el que no se verificó por razones ajenas a su voluntad, esto es, mi oportuna reacción”. A juicio del abogado del dirigente, los hechos descritos configurarían el delito de homicidio en grado de frustrado, previsto y sancionado por el artículo 391 del Código Penal.
Historia de agresiones Cabe señalar que atentados como el denunciado por Huenchullán no son nuevos en la zona. Desde que las familias mapuches del sector comenzaron a reivindicar derechos sobre predios agrícolas y forestales colindantes con sus comunidades, tanto comuneros de Temucuicui como de otros sectores de la comuna de Ercilla han denunciado en reiteradas oportunidades a miembros de la familia Urban, quienes transitarían por los caminos rurales de Ercilla a alta velocidad “echándole la camioneta encima a cualquier mapuche que consideren su enemigo”, según grafican los dirigentes.
Esta situación ya fue denunciada en el mes mayo por las comunidades afectadas ante el alcalde de Ercilla y el prefecto de Carabineros de Malleco, comprometiéndose este último a redoblar la vigilancia de la velocidad en los caminos rurales, aunque paradójicamente para el caso de la familia Urban estos siempre están en compañía de un funcionario policial, medida ordenada por los tribunales para su “protección”. Algunos comuneros del sector -que no quisieron identificarse- relatan que ya existen incluso algunos atropellados por parte de Rene Urban y su familia, delitos que han quedado en la más completa impunidad.
Este escenario de terror motivó -a comienzos de semana- el envío de una carta al propio Ministro del Interior, Belisario Velasco, por parte de los abogados y directores del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Nancy Yañez y José Aylwin. En la misiva, los profesionales manifiestan a la autoridad su preocupación por lo acontecido con Huenchullán, subrayando su extrañeza por la actitud asumida por el funcionario policial que acompañaba al agricultor hoy denunciado. “Llama la atención que no haya intervenido en esta ocasión para impedir la comisión de un delito por parte de su conductor. La omisión del Carabinero es claramente reñida con su deber”, señalan. “Es importante recordar -agregan ambos abogados- que los abusos reiterados en contra de la vida y la integridad física de los integrantes de la comunidad de Temucuicui cometidos por funcionarios policiales le fueron dados a conocer a Usted en su calidad de Ministro del Interior por quienes suscriben esta carta en reunión sostenida en el Palacio de la Moneda con fecha 28 de diciembre pasado, sin que hasta la fecha se haya conocido de los resultados de las investigaciones que usted nos señaló se realizarían sobre el particular”. Los profesionales solicitan al Ministro ordenar una investigación, “para evitar que conductas de este tipo, claramente contrarias a los derechos humanos, cometidas por Carabineros en contra de integrantes de comunidades mapuche, se repitan a futuro”.
Al respecto, recuerdan a la autoridad que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus recientes observaciones al informe de Chile, manifiesta su preocupación por el hecho de que en el país “continúan dándose casos de malos tratos por parte de las fuerzas del orden, principalmente al momento de efectuar la detención y, en contra de las personas más vulnerables, incluyendo a las más pobres”. Cabe recordar que frente a esta realidad el Comité pide al Estado “tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables. El mismo Comité señala que “el Estado parte debería hacer extensivos los cursos de derechos humanos a todos los integrantes de las fuerzas del orden” / Azkintuwe
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