Suspendida dispersión de presos mapuche
24-agosto-2009
Por Lucia Sepulveda Ruiz
Fue suspendido el traslado de presos políticos mapuche desde la Región
del BioBio:
a diversas zonas del país, según informó el secretario
regional ministerial de justicia de la Octava Región, Georgy Schubert,
sin que se conozcan hasta ahora mayores antecedentes.
Abogados de derechos humanos que defienden a presos políticos mapuche
denuncian que el traslado de los procesados a lugares alejados de sus
familias y de los tribunales donde se les procesa, constituiría el
regreso de prácticas de tiempos de dictadura cuyo más famoso
representante fue el llamado Fiscal Ad-hoc Fernando Torres Silva. La
orden del Director Nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez
Mardones, en acuerdo con la Fiscalía Nacional y con el visto bueno del
juzgado de garantía de Cañete, afectará a Héctor Llaitul, y Ramón
Llanquileo, domiciliados en Tirúa quienes serían trasladados a Puerto
Montt (cerca de 500 km al sur) y Rancagua (617 km al norte),
respectivamente; a José Huenuche, de Cañete, trasladado a Valdivia, y
a Luis Menares, de Cholchol, trasladado a Arauco. Asimismo César Parra
y Segundo Ñehuei, de Tirúa, serían enviados a Coronel y los comuneros
Juan Carlos Millanao y Marco Mauricio Millanao, de Tirúa, a Los
Angeles. Los procesados son miembros de la Coordinadora Arauco
Malleco, organización que el gobierno considera como ilícita pese a
que una resolución de la Corte Suprema dictaminó lo contrario años
atrás.
Violación del debido proceso
Al conocer el negativo resultado de la apelación presentada en Cañete
por los abogados defensores Adolfo Montiel y Pelayo Vial, el abogado
Alberto Espinoza, que representa a Llaitul y otros comuneros ante la
Corte Marcial, consideró que el traslado “constituiría la expresión de
un trato inhumano, cruel y degradante; es una medida represiva ajena
al debido proceso y a los derechos de los imputados. El aislamiento
agrava arbitrariamente la prisión preventiva y es un acto de violencia
sicológica e institucional que sólo se podría calificar como
terrorismo de estado”.
Los imputados tendrían que cumplir en esas condiciones la medida de
nueve meses de “cárcel preventiva” en su doble condición de acusados
por la justicia penal (ley antiterrorista) y por la justicia militar.
El gobierno chileno negó recientemente ante el Comité contra la
Discriminación Racial de la ONU la aplicación de la legislación
pinochetista, aduciendo que lo hacía sólo ante delitos comunes. Ahora
deberá responder nuevamente cargos ante la Corte interamericana de
Derechos Humanos, que había demandado al gobierno chileno la no
aplicación de la justicia militar a civiles. Los hechos objeto de
investigación ocurrieron el 16 de octubre de 2008 durante un violento
allanamiento al sector Puerto Choque presidido por el Fiscal Mario
Elgueta, en el cual miembros de la comunidad se defendieron. El diario
El Mercurio calificó entonces el episodio como una emboscada, hecho
desmentido entonces por el gobierno y carabineros. Pero ahora la
fiscalía adoptó el discurso mercurial a fin de encarcelar a quienes
luchan por la recuperación de tierras ancestrales.
Familiares de los mapuche presos en la cárcel El Manzano de Concepción
permanecieron junto a estudiantes y amigos venidos desde Cañete,
apoyando a los presos y temiendo ser desalojados en cualquier momento
del lugar. Pernoctaron bajo la lluvia el viernes 22, en una carpa en
las afueras de la cárcel. Juana Raiman y Millaray Garrido, familiares
de José Huenuche, Emilia Pilquiman, madre de Ramón Llanquileo y Pamela
Pezoa, pareja de Héctor Llaitul informaron que presentaron un recurso
de protección por los hijos de los imputados, entre los cuales está
una pequeñita recién nacida –Llancacurra- hija de José Huenuche y
Millaray Garrido.
La discriminación judicial
Entre quienes se acercaron a apoyar a los familiares de presos
políticos, estaba la hija de Ramón del Carmen Pichún Pichún, un
anciano que falleció en junio pasado, luego de ser atropellado por
Rodrigo Martínez Walker, abogado asistente de la Fiscalía de Cañete.
Martínez, que conducía aparentemente en estado de ebriedad, fue
suspendido de sus funciones pero lo defiende el jefe de la Defensoría
Pública de Cañete. En conversación con esta periodista, la reflexión
de los familiares apuntaba a comparar que en la formalización del
abogado por un hecho que cobró la vida de un anciano mapuche, sólo se
le aplicó como medida cautelar la suspensión de la licencia. En
cambio, los presos políticos mapuche, imputados por un hecho que no
cobró vida alguna no sólo deberán cumplir nueve meses de “prisión
preventiva” sino lo harán lejos de sus seres queridos y de los
abogados defensores. Para los familiares, si ello ocurre constituye
una muestra clara de racismo judicial.
Sin embargo, no es la primera oportunidad en que se aplican en
democracia estas medidas con luchadores sociales mapuche. Miguel Tapia
Huenulaf, domiciliado en Santiago, Andrés Gutiérrez Coña, cuya familia
también es de la capital y Waikilaf Cadin Calfunao, de Temuco, todos
ellos procesados bajo ley antiterrorista, fueron trasladados al módulo
de alta seguridad de la cárcel concesionada de Llancahue, Valdivia,
más de 800 km al sur de Santiago. En el caso de Andrés Gutiérrez,
estudiante de tercer año de agronomía de la Universidad Católica de
Temuco, la prisión preventiva se extiende por once meses.
En huelga de hambre
Por su parte los presos trasladados desde El Manzano anunciaron en
comunicado público que continuarán la huelga de hambre iniciada el 18
de agosto, en cada uno de los penales a donde sean llevados. El pasado
viernes, los imputados fueron sacados a la fuerza de la cárcel de El
Manzano ya que se resistieron a presentarse ante el tribunal. Según
denuncia de sus familiares, fueron golpeados y arrastrados por el
cemento y eran visibles los hematomas en sus rostros que también
mostraban los efectos del gas lacrimógeno.
La jueza de familia de Cañete, Carmen Seguel, subrogante en el juzgado
de garantía por vacaciones de su titular, fue quien presidió el
tribunal que refrendó el traslado, un fallo calificado como
“discriminatorio y racista” por los familiares, que expresaron también
que la magistrada a cargo de velar por la infancia, se negó a proteger
los derechos de niños y niñas mapuche.
35 casos con ley antiterrorista
Al anuncio del traslado de presos se suman los constantes
allanamientos en la zona en conflicto, elevándose a 87 el número de
presos políticos y/o procesados del pueblo mapuche con las últimas
detenciones en la comunidad Pascual Coña y en Puerto Choque,
enclavadas en un área de interés forestal y minero para los grandes
conglomerados económicos.
En 38 casos cumplen prisión efectiva en distintas cárceles del sur los
comuneros procesados o sentenciados. En los últimos dos años, en 23
oportunidades se ha comprobado la falsedad de las acusaciones
iniciales, que han formado parte de montajes político- judiciales y
los comuneros han sido absueltos o bien se ha debido dejar de lado los
cargos más graves. En 35 procesos se ha aplicado la Ley Antiterrorista
heredada de la dictadura. Trasladada a Santiago desde la cárcel de
Angol, Mireya Figueroa, una de las mujeres mapuche presas políticas,
sufre de un cáncer que la tiene al borde de la muerte. Aun no ha sido
llevada a juicio.
Ningun carabinero ha resultado muerto al repelir las recuperaciones de
tierras, cuando los mapuche utilizan piedras y boleadoras. Sin embargo
a la fecha tres jóvenes comuneros, Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime
Mendoza, han sido ultimados por miembros de esa fuerza policial.
— Lucía Sepúlveda Ruiz
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